Intervención en tribuna de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez para presentar diversas reservas a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.
Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras Senadoras y Senadores:
El día de hoy el Senador Mauricio Kuri y una servidora, presentamos, en un solo acto, reservas a los artículos tercero, párrafo segundo, fracción X y décimo quinto transitorio de la minuta, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia educativa. Estas reservas han sido propuestas por instituciones públicas de educación superior de diversos estados.
Preocupa, de manera significa, que la reforma educativa, para ningún nivel, cuenta con un estudio de impacto presupuestal que señale los recursos que se requieren para lograr su implementación.
Hay que destacar que particularmente en educación superior se establecen dos características en la reforma, que son la universalidad y la gratuidad. Evidentemente es algo plausible, nadie se opone a una educación superior universal y gratuita, pero el gran reto, en esta materia, es cómo hacer efectivas estas disposiciones constitucionales en materia de educación superior.
Sorprende que cuando se analiza, como cámara de origen, la iniciativa en la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas determina que esta reforma no tiene ningún impacto presupuestario, cuando en el sector educativo sabemos perfectamente que cumplir con la obligación de la universalidad requiere, de manera necesaria, llevar a cabo inversiones para ampliar la capacidad instalada, adquirir tecnologías, equipo, contratar maestros adicionales y desafortunadamente no se cuenta con una estimación de lo que esto representa.
En el mismo caso, la ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, señaló que el impacto económico de la gratuidad es muy alto y que afectará gravemente los presupuestos de las instituciones públicas, que si esto se va a reducir parcialmente, gradualmente pueden llegar a percibir hasta un 30 % menos de sus ingresos, una cantidad que ANUIES estima de manera inicial en 13 mil millones de pesos al año, pero que las universidades estiman que esta valoración está muy por debajo de los ingresos que se obtienen anualmente y que se destina, precisamente, a la función educativa.
La inquietud de las instituciones de educación superior es que ni en esta minuta ni en la otra, que en la primera vuelta analizamos, se señalan los principios básicos sobre cómo se va a financiera y a hacer frente a los compromisos para dar cumplimiento a la universalidad y a la gratuidad. Es más ni siquiera se sabe cuánto implica esto financieramente.
Y surgen estos cuestionamientos: ¿Qué propuesta presupuestal tiene el gobierno para las instituciones de educación superior, a fin de que cuenten con los recursos irreductibles, suficientes y oportunos para atender lo que previsiblemente significará un incremento de la demanda educativa?
En su caso, ¿cómo se va a compensar la reducción gradual de recursos propios?
Es evidente que la sola reforma del artículo tercero o garantiza, de suyo, ni la universalidad ni la gratuidad, es necesario que esta venga acompañada de los recursos presupuestales necesarios para implementarla, porque si no a pesar de que pueda generar una alta expectativa en la población, solo queda en un catálogo de buenos deseos y se convierte en letra muerta.
Es cuanto, señor Presidente.