Versión de la intervención del Coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Mauricio Kuri González, durante la conferencia de prensa concedida por los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política sobre las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional
Muchas gracias, presidente. Con el saludo a mis compañeras y compañeros, coordinadores y senadores que están aquí el día de hoy, medios de comunicación.
Hoy nos congratulamos de participar en el anuncio de los acuerdos alcanzados en este Senado de la República sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional.
Los puntos de coincidencia alcanzados confirman el compromiso del Partido Acción Nacional de ser una oposición responsable y constructiva en el Poder Legislativo, que privilegia el diálogo como mecanismo para arribar a acuerdos en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos.
Actualmente, nuestro país está inmerso en una creciente inseguridad que nos agobia a todos, todos los días. Por eso, urgen soluciones. Por eso, es momento de dejar a un lado nuestras diferencias políticas para lograr los consensos necesarios, tal y como lo hicimos en febrero pasado con la reforma constitucional.
En las mesas de trabajo, que sesionaron prácticamente de manera permanente en las últimas semanas, se buscó siempre llegar a acuerdos, bajo las premisas de garantizar el carácter civil de la Guardia Nacional, no permitir la militarización de la seguridad pública, defender y promover los derechos humanos e incorporar los lineamientos recomendados por los organismos internacionales.
El día de hoy es importante, porque se escuchó al ciudadano y se atendieron las recomendaciones de la sociedad civil organizada y de los expertos.
Hoy completamos y perfeccionamos el marco legal para la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional, para el ejercicio de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado y las Fuerzas Armadas, para el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuará la detención de personas por la autoridad y para el establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la Federación.
En el marco de las mesas de trabajo fue posible incorporar adecuaciones al planteamiento proveniente del Ejecutivo, en el que coincidimos las diversas fuerzas políticas, entre lo que destaco:
En el caso de la Ley de la Guardia Nacional:
La eliminación en la ley de cualquier elemento que sugiera una Guardia Nacional de corte castrense. La Guardia Nacional será una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Establecimos que para ingresar a la Guardia se requiere estar funcionalmente separado de su institución armada y quedar adscrito a la Guardia, sujeto a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidos en esta Ley.
Todos los elementos que ingresen a la Guardia Nacional contarán con el Certificado Único Policial, en donde está incluido el control de confianza.
El objeto de la Guardia Nacional será realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que correspondan a las entidades federativas o municipios.
En lo que se refiere de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, se deberán coordinar para generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, archivos y contenidos a las bases de datos que integrarán el Sistema Nacional de Información.
Respecto a la Ley Nacional del Registro de Detenciones se determinó que formará parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, teniendo por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de las personas detenidas, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y por supuesto desaparición forzosa.
Por último, en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, las manifestaciones públicas pacíficas, con objeto lícito constituyen un derecho fundamental, por lo que, por ningún motivo, se podrá hacer Uso de la Fuerza contra manifestantes.
Los sujetos obligados que ejerzan su facultad del uso de la fuerza, deberán respetar los derechos humanos consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el nuestro país sea parte.
Queda prohibido todo uso de la fuerza que inflija dolor o sufrimiento intencional a personas indefensas.
Quiero aprovechar la oportunidad para destacar y agradecer la participación de todos los senadores de mi Grupo Parlamentario, particularmente la participación de los senadores Julen Rementeria e Ismael García Cabeza de Vaca, y también por supuesto y también muy particularmente quiero reconocer la participación del senador Damián Zepeda. En estos trabajos, gracias a él y sus aportaciones en las leyes secundarias contribuyeron a garantizar su carácter civil y que la intervención de la fuerza de seguridad respete los derechos humanos.
Y por supuesto sumarme a lo que han dicho todos mis compañeros, a Miguel Mancera, a Claudia Ruiz Massieu, a Manuel Añorve, a Dante Delgado, así como los demás coordinadores parlamentarios. También por supuesto a Eduardo Ramírez.
Mi reconocimiento a su labor a todos los senadores de esta Legislatura.
Es importante señalar la vocación constructiva de diálogo y consenso que prevaleció durante la construcción de este marco legal de los compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios; Y sin duda con reconocimiento el ejercicio democrático del coordinador Ricardo Monreal, quien cumpliendo su palabra, puso por delante la construcción legitima del acuerdo en vez del mayoriteo sin consenso.
Finalmente, quiero señalar que, en este combate a la inseguridad, a nosotros como legisladores nos corresponde crear el marco jurídico, al Poder Ejecutivo le corresponde actuar. Estos acuerdos reflejan la voluntad de contribuir a las soluciones que México demanda. El llamado ahora es al Presidente de la República para que proceda en consecuencia, pusimos a su disposición las herramientas legales, ahora le toca a él dar los resultados que México espera.
Muchas gracias.
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