- La Cámara alta aprobó reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal para inhabilitar de por vida a funcionarios y contratistas o proveedores responsables de desviar recursos públicos
El senador por San Luis Potosí, Marco A. Gama Basarte, celebró la aprobación del Pleno de la Cámara alta, del dictamen que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, con lo cual se establece en México la “muerte civil” a funcionarios públicos corruptos y a proveedores o contratistas gubernamentales coludidos con los mismos para afectar las finanzas públicas.
Al hablar a favor de la propuesta presentada en su momento por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), Gama Basarte sostuvo que la corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país porque agravia profundamente a la sociedad, deslegitima la autoridad del gobierno, vulnera la eficacia de nuestro orden jurídico e impone a la administración pública costos extra legales muy altos.
Precisó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que los costos derivados de los actos de corrupción en México oscilan entre el 5 y el 10 por ciento del PIB, además de que la Secretaría de la Función Pública reconoce que sólo en 28 de más de 110 mil casos denunciados se ha logrado una sanción definitiva o una inhabilitación, estimando el daño al erario público en más de 14 mil millones de pesos, “cifras que hoy nos ubican en el último sitio de países con mayor grado de corrupción entre los miembros de la OCDE, por debajo de naciones como Grecia y Hungría”.
El legislador potosino señaló que, a partir de la reforma aprobada, las sanciones a funcionarios corruptos incluirían la inhabilitación definitiva para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público y a los particulares se les vetaría de por vida, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, además de la reparación del daño causado.
Dijo que los problemas de corrupción no sólo son problemas de lesión patrimonial al Estado, sino de impunidad y de resquebrajamiento del Estado de Derecho.
“Por eso, no es casual que el deterioro de las instituciones provoque que en los países con los niveles más altos de corrupción se reporte la mayor cantidad de asesinatos de periodistas, violaciones a los derechos humanos o cifra negra de delitos no denunciados”, agregó.
El senador panista manifestó que la principal víctima de la corrupción es la confianza en nosotros mismos y nuestras instituciones.
“Por esa razón, la reforma presentada por el PAN y MC busca mandar un mensaje muy claro a la sociedad mexicana, de que queremos que quienes cometan actos de corrupción sean sancionados ejemplarmente y nunca puedan volver a causar daño al Estado, sean servidores públicos o particulares”, concluyó.
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Comunicado de la oficina del senador Marco Gama Basarte
Ciudad de México, 21 de marzo de 2019
Comunicado de la oficina de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón
Con aval a “muerte civil” avanzamos en el combate a la corrupción: Mayuli Martínez Simón
- El dictamen contempla inhabilitar a funcionarios deshonestos y que no vuelvan a desempeñarse como servidores públicos
La senadora panista Mayuli Martínez Simón señaló que los integrantes del Senado de la República avanzaron en materia de combate a la corrupción, al aprobar el dictamen que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, mediante el cual se establece la inhabilitación permanente a funcionarios públicos que hayan cometido actos graves de corrupción, conocida como “muerte civil”.
“El dictamen que aprobamos transformará para bien el ejercicio del servicio público en el país. Se trata de una reforma que cambiará la visión de quienes aspiran a ocupar un cargo público, sin duda la inhabilitación permanente a funcionarios públicos es un gran avance en materia de combate a la corrupción”, expresó la senadora Martínez Simón.
Detalló que el dictamen aprobado incorpora la sanción de inhabilitación definitiva o permanente, mejor conocida como “muerte civil”, para los funcionarios que se cometan actos de corrupción.
“Esto significa que nunca más podrán volver a desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, ni participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas”, dijo.
La legisladora por Quintana Roo expuso en la máxima tribuna del país, que la corrupción es una plaga corrosiva para la sociedad que socava la democracia y el Estado de derecho, que da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada y otras amenazas a la seguridad humana.
“Es un fenómeno maligno que se da en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo”, indicó.
Finalmente, la legisladora federal destacó que el dictamen aprobado por 102 votos, es el resultado de propuestas presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano.
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Ciudad de México, 21 de marzo de 2019
Comunicado de la oficina del senador Julen Remetería del Puerto
Aprueba Senado castigar como “fallo grave” la simulación de reintegro de recursos
- El dictamen aprobado es resultado de una iniciativa presentada por el senador Julen Rementería del Puerto
Con 108 votos a favor, el Senado de la República aprobó un dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Primera, que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que plantea castigar como “fallo grave” la simulación de reintegro de recursos.
El dictamen, resultado de una propuesta presentada en septiembre pasado por Rementería del Puerto, establece que incurre en esta conducta, el servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público.
“Con esto se perfecciona el Sistema Nacional Anticorrupción en la modificación de la Ley General de Responsabilidades en su artículo 54 Bis, específicamente. Pero hay que dar muchos más ejemplos y más claros de que hacia allá vamos, la tarea aquí no está terminada, es apenas un pequeño avance”, declaró el senador.
Durante su participación en tribuna, el legislador de Acción Nacional lamentó que el actual gobierno sólo hable del combate a la corrupción, pero no se vean acciones claras y específicas de que vaya actuando de manera específica y formal.
“Ahí tenemos los casos que han señalado y no tenemos evidencia de sanciones o castigos, y no se trata sólo con señalar, se trata con actuar; están los casos de las pipas que se compraron, la licitación de la obra de Dos Bocas, lo que está pasando con el Tren Maya, la propia construcción que se inició ya de esta refinería, Dos Bocas, donde no podemos pensar que se haya cumplido con procedimientos que permitan tener la claridad y que no se está infringiendo alguna ley”, apuntó.
La simulación de reintegro de recursos es conducta que se ha vuelto recurrente en muchos estados y es necesario garantizar un verdadero Estado de derecho en nuestro país, concluyó el senador veracruzano.
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