Intervención de la senadora Kenia López Rabadán en el Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso sobre Libertad Religiosa.
Muchas gracias.
Agradezco la invitación que me ha hecho la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, para participar en el Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso sobre Libertad Religiosa.
Saludo con afecto a nuestros panelistas nacionales e internacionales. Por supuesto saludo con mucho afecto también al público que hoy nos acompaña, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República mexicana.
Quiero informarles que está también cubriendo este evento el Canal del Congreso, que es el sistema de comunicación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, a través del cual por supuesto este foro llegará a muchas y muchos mexicanos; sean todas y todos bienvenidos a este Senado de la República.
Este foro es de gran relevancia, ya que aborda uno de los derechos humanos más importantes, el de libertad religiosa, que se enmarca en los llamados derechos humanos de “primera generación” y que, en este particular contexto nacional e internacional, estamos llamados a desarrollarlo bajo un nuevo entendimiento.
Ese nuevo entendimiento se deriva de la reforma constitucional en derechos humanos en 2011, que el Estado mexicano, a través de su Congreso de la Unión, adoptó en favor de las mexicanas y los mexicanos.
Esta gran reforma permitió pasar de un Estado garantista a uno que reconoce en cada ser humano derechos intrínsecos a su persona humana. Incorporó el principio “pro-persona”, estableció la obligación de todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Desde la creación del Estado mexicano, la concepción del Estado laico concentró todos sus esfuerzos en lograr la separación del Estado y las iglesias. Inspirados por el modelo constitucional estadounidense, establecieron como objetivo el evitar una religión oficial, limitando el poder de la iglesia y de las agrupaciones religiosas, así como a sus liderazgos. Al tiempo que desarrollaba el modelo constitucional francés por el que se afirmaba que nadie debe ser señalado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.
Con el paso de los años, ambas visiones han encontrado un punto de intersección y han ampliado el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, por la vía de las instituciones del derecho internacional público.
Las dos visiones, en tensión permanente, lograron evolucionar en los inicios del siglo XXI, el derecho positivo mexicano y el sistema de derecho internacional público lograron concebir a la libertad religiosa como la intervención del Estado para lograr su propia imparcialidad, a fin de evitar conductas que lastimen la libertad religiosa y, al mismo tiempo, actuar con acciones que permitan su pleno goce.
En el Estado laico contemporáneo se entiende que ninguna creencia, forma de vida y religión podrá adquirir una posición de privilegio jurídico. Asume el acompañamiento de la tolerancia para su ejercicio en nuestras democracias contemporáneas integradas bajo el pluralismo y la multiculturalidad. Es decir, la libertad religiosa se refiere a la autonomía de cada individuo de tener o no tener, modificar o rechazar creencias de naturaleza religiosa y del derecho a manifestar su adhesión a una determinada religión o a ninguna, sin ser discriminado.
Lo anterior nos obliga, como lo hacemos el día de hoy, a reflexionar sobre los retos y los desafíos del Estado mexicano para proponer iniciativas legislativas que ayuden a garantizar el libre ejercicio de la libertad religiosa en nuestro país, entendiendo que el fortalecimiento de este derecho no puede pensarse sin el acompañamiento de otros dos derechos, también de la primera generación que son: la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia, los cuales se desarrollan de manera conjunta y con mayor amplitud en los instrumentos jurídicos internacionales.
A la luz del derecho internacional relacionado con la libertad religiosa se amplifica este derecho humano, establecido en el artículo 24 de nuestra Constitución, por la vía del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, permitiendo una protección más amplia, al establecer que nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que atenten contra el derecho de adoptar una religión.
Adicionalmente, el Pacto y la Convención señalan explícitamente el derecho de los padres y tutores, para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, en lo público y en lo privado. Y es éste el primer reto de nuestro Estado mexicano, para asumir la ampliación de los derechos por la vía del principio “pro-persona”, para lograr su exigibilidad y aplicación en nuestras leyes nacionales.
Un siguiente reto obedece al contexto nacional e internacional en el que vivimos en esta segunda década del siglo XXI. Nuestro país se ha transformado. Hemos dejado de ser una nación con una religión predominante y ahora debemos asumirnos como una sociedad en la que conviven ciudadanos que profesan múltiples religiones.
Lo anterior nos plantea nuevos retos para el Estado mexicano y para, evidentemente éste, que es el Poder Legislativo, dada la diversidad religiosa que nos obliga a buscar fomentar en nuestra sociedad, por un lado, el fortalecimiento de la libertad religiosa y, por el otro, impulsar la práctica de la tolerancia.
Hoy en día, la intolerancia religiosa es una de las razones por las que, junto a los conflictos agrarios y la inseguridad, existe el desplazamiento forzado al interior de nuestro país. No es casualidad que la Secretaría de Gobernación reporte que en algunos estados, por ejemplo, en Chiapas, uno de los conflictos por motivos religiosos de lo más altos, o en Guerrero, en Hidalgo o en Oaxaca.
En nuestro país, la libertad religiosa está resguardada por la Constitución y los tratados internacionales, así como a través de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En dicha ley, se establece el derecho a la libertad de creencias y a que nadie puede ser discriminado por el ejercicio de su expresión religiosa, pero en la realidad el contexto actual reporta un crecimiento de la discriminación, particularmente en las redes sociales, mismas que después se traducen desafortunadamente en acciones humanas.
Estimados amigos y amigas:
Nos debe llamar a la reflexión qué tipo de sociedad somos y qué tipo de sociedad queremos heredarle a nuestras generaciones. Está claro que el Estado mexicano, frente a la pluralidad de las ideas religiosas que conforman nuestra sociedad y que conforman nuestro tejido social, exige un orden jurídico que garantice su plena vigencia para todas y todos los ciudadanos, desde la perspectiva del nuevo paradigma constitucional, basado en un régimen de derechos humanos.
El Estado mexicano no debe esperar ser señalado por recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos para actuar.
Un reto más es que su ejercicio libre y pleno, en lo individual y en lo colectivo, sea una realidad viva. No es suficiente que el derecho a la libertad religiosa sea parte de nuestras leyes generales, en la Constitución y en los tratados internacionales. La paz siempre debe ir acompañada de la justicia; por ello, no podemos dejar de lado que la responsabilidad de la vigencia del Estado de derecho en México es responsabilidad de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.
Es imperativo considerar como una prioridad nacional el incorporar en nuestro sistema educativo, en todos los niveles, una educación que sostenga el derecho a la libertad religiosa. Desde el ámbito de las políticas públicas que implementa el Poder Ejecutivo federal, se debe buscar educar a los niños y a las niñas con base en los derechos humanos y, en especial, en la tolerancia religiosa y el respeto a la diversidad, como un elemento fundamental para recuperar la paz y la justicia en nuestra sociedad.
En abril del año pasado, durante la inauguración en Madrid de la Tercera Conferencia Internacional por la Paz y la Educación, frente a la discriminación y el extremismo que afectan a la vida, la libertad y la práctica de la libertad religiosa y de conciencia, el relator especial sobre la Libertad de Religión o de Creencias de las Naciones Unidas reafirmó el derecho a que “los padres o tutores se aseguren que su hijo crezca recibiendo una educación religiosa y moral”.
También recalcó la importancia de que todos los ciudadanos conozcan las diferentes religiones para educar en la tolerancia y la no discriminación y ser menos vulnerables, además defendió que la religión contribuye a la construcción de la seguridad y la paz en las sociedades, por lo que pidió se tome en serio la defensa de la libertad religiosa.
En ese sentido, la realización de este Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso sobre Libertad Religiosa será la ocasión, para materializar las propuestas que nos permitan avanzar en la consolidación de un sistema de derechos humanos fuerte y sólido para todas y para todos, en especial para quienes en un futuro próximo cosechen lo que esta generación está sembrando.
Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones y estaré, por supuesto, atenta a sus conclusiones.
Muchísimas gracias.
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