Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez: La no intervención no es ceguera ni aislacionismo

La crisis política que mantiene en vilo al gobierno de Nicolás Maduro exhibe al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional, pues mientras la mayoría de los países latinoamericanos, junto con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea asumen sin rodeos la defensa de la democracia y de los derechos humanos del pueblo venezolano, México de facto apoya al régimen.

Maduro asumió el 10 de enero un segundo mandato de 6 años como resultado de las elecciones celebradas en mayo de 2018, cuya legitimidad ha sido altamente cuestionada por la OEA y diversos países, lo que motivó que el presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como encargado de la Presidencia de la República de ese país, para impulsar un gobierno de transición que convoque a elecciones libres.

El saldo de la represión y persecución a partir del 23 de enero es, hasta ahora de 40 muertos y 850 detenidos, de acuerdo con la ONU.

El gobierno de México ha optado por mantener el reconocimiento al gobierno de Maduro y se ha propuesto como mediador en el conflicto, si bien todas las instancias previas de diálogo han fracasado.

El titular del Ejecutivo esgrime que la política exterior mexicana se apega al artículo 89 de la Constitución, entre cuyos principios normativos se encuentra la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Sin embargo, omite referirse a otra parte del mismo precepto que obliga al Ejecutivo a promover el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

La interpretación del principio de no intervención y de la Doctrina Estrada ha variado a lo largo de los años en función de intereses y coyunturas: Lázaro Cárdenas rompió relaciones con el régimen de Franco y brindó apoyo a los republicanos de la guerra civil española de 1936-1939; en los años 50’s, se rechazó el régimen de Batista en Cuba y se apoyó a los revolucionarios. En 1973 Echeverría desconoció el régimen de Pinochet en Chile tras el golpe de Estado en contra de Allende, y López Portillo hizo lo propio en 1979 al romper relaciones con el dictador Somoza en Nicaragua.

A decir del embajador Juan Manuel Gómez Robledo, “hoy el principio de no intervención no tiene la acepción que tenía hace 40 años, no se interpreta como la invitación al aislacionismo o como la invitación a la ceguera frente a una serie de violaciones a los valores universales que hemos acordado defender”.

El principio de no intervención se utiliza como justificación para no reconocer las graves violaciones a los derechos humanos que ha sufrido el pueblo de Venezuela, aunque el trasfondo es la fuerte afinidad del presente gobierno con los regímenes de izquierda en América Latina.

Otro argumento de AMLO es que México no interviene en los asuntos de otros gobiernos para evitar que otros gobiernos quieran meterse en nuestros asuntos, este argumento es ingenuo, toda vez que no podemos aislarnos de un mundo multilateral en el que la defensa y promoción de los derechos humanos es una causa común.

Resulta conveniente modificar la postura de México frente a la crisis en Venezuela para dar cumplimiento cabal a los principios de política exterior, asumiendo una posición en favor de las libertades y de los derechos humanos, so pena de perder el respeto de las democracias occidentales.

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Publicado por el Diario de Querétaro, 6 de febrero de 2019

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