Intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos al presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 53, fracción VI; 54, fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo V Bis y un artículo 37 Bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Compañeras y compañeros senadores:
Si bien México ha avanzado en la consolidación y el fortalecimiento del marco jurídico, a fin de controlar el flujo de dinero proveniente de algunas actividades delincuenciales, a pesar de estos esfuerzos algunos factores como la sofisticación de operaciones que se realizan con este tipo de recursos han contribuido la impunidad del lavado de dinero, así lo señala la Evaluación Nacional de Riesgo elaborada por la Secretaría de Hacienda, donde se refiere que los principales delitos determinantes que generan fondos ilegales son el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.
Asimismo, en el Informe de Evaluación Mutua realizado en enero del 2018 por GAFI, menciona que grandes cantidades producto del delito generado en jurisdicciones extranjeras podrían estar ingresando a nuestro país a través de transferencias electrónicas internacionales o en efectivo.
Es imperativo que la legislación antilavado sea dinámica y que la fiscalización e investigación de las operaciones de lavado de dinero reditúen en un combate eficaz.
Esta ineficacia se traduce de manera indirecta en la falta de rendición de cuentas, opacidad en las cifras, en la alarmante situación de impunidad ante las consecuencias económicas del lavado de dinero.
La ilegalidad propia de estos recursos es un elemento que socava el Estado de Derecho y fomenta la destrucción de valor público, puesto que se trata de recursos que no pueden ser fiscalizados ni formar parte de una cadena productiva, ni mucho menos contribuir al levantamiento de las cargas públicas.
Para efectos de supervisar el cumplimiento de la normatividad antilavado, tenemos tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le corresponde la supervisión de más de 3 mil instituciones financieras, al SAT le toca supervisar a más de 56 mil sujetos que realizan actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero, es decir, el SAT tiene la obligación de supervisar a un universo de sujetos 18 veces más grande que el que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Aunado a esta evidente asimetría se debe añadir la falta de compromiso por parte de quienes no forman parte del sistema financiero para cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero.
Esta suma de factores implica un mayor riesgo, una amenaza latente de que puedan estarse utilizando recursos de procedencia ilícita dentro de las actividades vulnerables que se realizan fuera del sistema financiero.
En este contexto cobra relevancia que el SAT tenga a su alcance una herramienta que le permita asegurar que los sujetos que están bajo su supervisión, efectivamente estén instrumentando acciones que eleve en su nivel de cumplimiento respecto de las normas antilavado.
En este sentido, en la iniciativa de reformas que hoy presentó propongo que sea un auditor externo quien emita un informe anual en el que evalúe la eficacia operativa de las medidas antilavado de los sujetos obligados, y además en el que se dé seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso se hubieren instrumentado.
Se propone que sea el SAT quien mediante disposiciones de carácter general pueda establecer los requisitos que debe reunir el auditor responsable de la emisión de este informe.
Y pues con esta medida el sistema de combate al lavado de dinero se verá fortalecido, quienes realizan actividades vulnerables mejorarán su nivel de cumplimiento y serán a la vez más eficientes en la prevención de lavado de dinero, al aportar información más útil, más depurada para que se investiguen tales ilícitos.
Es cuanto, senador Presidente.
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