Intervención en tribuna de la senadora Nadia Navarro Acevedo, durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para referirse al análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Interior.
Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros senadores.
Bienvenido, secretario, Alfonso Navarrete Prida.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expongo:
El Estado requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad. Un ejercicio de la autoridad que tenga como fin la realización del bien común, que implica la justicia y la seguridad y simultáneamente la defensa, el respeto, la protección de la persona y la promoción del bien colectivo.
En el Plan Nacional de Desarrollo, documento rector de esta administración, se estableció el objetivo de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, sin embargo en 2017 al presentar su informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció que en nuestro país aún tenemos muchas áreas de oportunidad.
De acuerdo con dicha Comisión, la falta de cumplimiento y respeto a los derechos humanos abarcó diferentes instituciones. Entre 2012 y 2017 el organismo formuló un total de 284 recomendaciones, registró 274 expedientes de queja calificados como tortura, contabilizó 5 mil 86 por detención arbitraria, 195 por privación de la vida, 11 por ejecución sumaria o extrajudicial, así como 89 por desaparición forzada.
Señor secretario, siendo los derechos humanos materia de la Secretaría que usted representa es pertinente preguntar: ¿a qué atribuye usted los resultados mencionados en este informe? ¿Cuáles son las acciones y asignaturas pendientes que debe desarrollar en esta materia la administración que usted representa?
Sin duda alguna, una pregunta obligada que tiene que ver con un tema que sigue lastimando a millones de familias mexicanas en nuestro país, tenemos que tocarlo, no hace mucho fue noticia nacional lo acontecido en el estado de Jalisco, cuando para sorpresa de todos se anunció que fueron localizados en contenedores de tráileres cuerpos de personas que no habían sido identificados por el servicio médico forense y por consecuencia no habían sido reclamados por nadie. Los hechos son ampliamente conocidos y no quisiera repetir esta historia, pero hoy les pido que no pensemos en números, pensemos en personas, pensemos en familias, en madres y padres que hoy están buscando de manera incansable respuestas para su dolor.
Ante este lamentable escenario que no mira ni clase social ni condición económica, le preguntó secretario: ¿Qué acciones está realizando hoy la Secretaría a su encargo para la localización y la identificación de las personas desaparecidas y especialmente para encontrar con vida a quiénes sus familias han denunciado como desaparecidos?
De igual forma, la libertad de expresión es un derecho fundamental para la vida democrática de un país. La labor periodística tiene inmersa una función social que permite a los ciudadanos accesar a la información y que lleva de manera intrínseca el ejercicio de un derecho, por ello resulta indispensable garantizar la seguridad y la integridad de quienes ejercen esta profesión; desgraciadamente el escenario en nuestro país para este sector resulta desalentador.
La organización Artículo 19 destaca la violencia contra la libertad de expresión en nuestro país.
Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras en su clasificación mundial de la libertad de prensa, México aparece como uno de los países que representan mayor riesgo para ejercer esta profesión.
Señor secretario, ¿qué acciones se han llevado a cabo por el gobierno para atender este grave problemática?, ¿cuáles son las acciones pendientes para desarrollar en esta materia?
Por último, en materia de migración las políticas y acciones de la administración del presidente Trump han estado provocando consecuencias graves para millones de familias migrantes y comunidades. Los impactos incluyen largos periodos de detención previa a la deportación, audiencia ante jueces de migración sin contar con un abogado, y deportaciones expeditas sin derecho de audiencia.
A nivel familiar, esto ha generado la separación de los migrantes indocumentados y sus cónyuges o hijos nacidos en Estados Unidos.
La era Trump ha provocado un clima de ansiedad y temor en las comunidades de migrantes, ante la posibilidad de ser aprehendidos o deportados.
Señor secretario, –termino–, ¿qué acciones están llevando a cabo el gobierno de México para proteger los derechos humanos de quienes son forzados a regresar a nuestro país?, ¿qué se está haciendo para lograr una reinserción exitosa de los mismos?
Respecto al flujo de migrantes procedentes de Centroamérica, ¿qué medidas está tomando la autoridad para respetar sus derechos humanos?
Por su respuesta y atención, muchas gracias compañeros.
Es cuanto Presidente, muchas gracias.
ooOoo