Uno de los principales problemas de nuestro país es la inseguridad y la violencia, y para nadie es desconocido que diversas zonas del territorio nacional están bajo el control de grupos delictivos.
En los últimos años más de 140 mil personas han sido víctimas de homicidio doloso, y de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en México hay más de 37 mil personas desaparecidas.
2017 ha sido uno de los años más violentos desde que se lleva registro, desafortunadamente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que 2018 apunta a ser todavía más violento, ya que de enero a agosto se registraron 18 mil 835 asesinatos, un 17.6 por ciento más que el año pasado.
La gente vive temerosa por la escalada de violencia y crímenes impunes que atentan contra la paz y la seguridad en prácticamente todo el país. ¡La estrategia de combate al crimen organizado no ha funcionado y es necesario cambiarla!
La delincuencia, la violencia y la impunidad minan la confianza de la población en las capacidades del Estado para atender y resolver estos problemas, así como en la eficiencia de los órganos de procuración, impartición de justicia y en las corporaciones policiales.
Para atender este fenómeno debemos comprender que la violencia es un problema multifactorial por la falta de oportunidades -educación, salud, empleo, movilidad social- y un sistema económico que genera una enorme desigualdad.
Es claro que el Estado debe asumir la más importante de sus funciones que es la seguridad con un enfoque que priorice la prevención, pero también que garantice la protección de las personas y sus familias, el respeto irrestricto a los derechos humanos y fortalezca la participación ciudadana.
Es por eso que esta semana los senadores del PAN propusimos establecer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la participación de cinco representantes de la sociedad civil en un Consejo Consultivo, nombrado por el Senado, que actuaría como órgano de opinión y consulta para la implementación de programas, acciones e incluso nombramientos de funcionarios superiores en esta materia, así como en la supervisión y evaluación del sistema penitenciario del país.
Para materializar lo anterior proponemos modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues en Acción Nacional estamos convencidos de que una Secretaría de Seguridad Ciudadana daría mejores resultados para combatir el grave problema de inseguridad que padecemos en todo el país.
A seis años de distancia, tenemos claro que fue un error desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y pasar sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación, pues las funciones de ésta son de naturaleza política y no técnicas en materia de seguridad.
Analizar la seguridad desde una visión política frecuentemente impide combatir a los grupos criminales con efectividad, por ello consideramos indispensable restablecer la Secretaría de Seguridad con un enfoque ciudadano, a fin de atender el grave problema de la inseguridad con criterios técnicos y no políticos, como sucedió en este sexenio.
Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez
@LupitaMurguiaG
Publicado por Diario de Querétaro, 17 de octubre de 2018