Bajo la premisa de cumplir el compromiso establecido en su plataforma electoral, esta semana de trabajos legislativos las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN presentaron diversas propuestas encaminadas a impulsar mejoras en la seguridad, recuperar la paz y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
La bancada del GPPAN propuso iniciativas para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que sea el Senado de la República el encargado de ratificar el nombramiento de su titular, además de impulsar el Mando Mixto, una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
“Para el Partido Acción Nacional es prioritario combatir la inseguridad para que las familias vivan seguras, tranquilas y que tengamos un México en paz”, destacó el coordinador, Damián Zepeda Vidales.
Señaló que ante el sexenio más violento en la historia reciente de México, para Acción Nacional es prioritario generar condiciones que propicien nuevas y mayores inversiones, así como mejores empleos seguros y bien remunerados para los mexicanos, porque es la mejor manera de combatir la pobreza e impulsar el desarrollo de nuestro país.
En ese sentido, la senadora Guadalupe Murguía Gutíerrez presentó la propuesta para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de un Consejo Consultivo integrado por cinco ciudadanos nombrados por la Cámara Alta, mediante el voto de dos terceras partes de los senadores presentes. El Consejo Consultivo podrá opinar sobre el nombramiento de los funcionarios superiores, incluyendo la ratificación del Secretario o Secretaria de Seguridad Ciudadana, dijo.
La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge planteó en la sesión del pasado jueves diversas reformas constitucionales, para establecer el Mando Mixto Policial y una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de recuperar la seguridad y la paz en todo el territorio nacional.
Asimismo, el senador Juan Antonio Martín del Campo propuso, a nombre del Grupo Parlamentario, reformar los artículos 76 y 89 constitucionales, para que sea la Cámara de Senadores la que ratifique a la o el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se haya propuesto por parte del Ejecutivo.
La senadora Murguía Gutiérrez propuso también crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como un órgano independiente del Ministerio Público Federal, con el fin de dotar de mayor imparcialidad y transparencia los dictámenes periciales, mejorar los estándares de calidad y atender la demanda existente en esta materia.
Por su parte, el senador Ismael García Cabeza de Vaca formuló una iniciativa de reformas constitucionales, para incluir el delito de extorsión en la lista de ilícitos a los que se les debe aplicar la figura de extinción de dominio, con el fin de poder incautar a los delincuentes los bienes obtenidos de manera ilegal, como dinero en efectivo, autos o propiedades.
En otra propuesta, con el propósito de combatir la corrupción y la impunidad, el legislador Julen Rementería Del Puerto planteó reformar el Código Penal Federal, para tipificar como grave el delito de “simulación de reintegro de recursos” cometido por servidores públicos.
A efecto de eliminar el concepto “partida secreta” de la Constitución Política, la senadora Minerva Hernández Ramos propuso derogar el cuarto párrafo de la fracción IV de su artículo 74, ya que “no solamente es atrasado, sino que está desfasado de la realidad política actual”.
En tanto, la senadora Kenia López Rabadán propuso una iniciativa de ley para adicionar el artículo 41 de la Constitución, con el objetivo de que sean anuladas las elecciones cuando se acredite violencia política en razón de género.
En el apartado de puntos de acuerdo, el senador Mauricio Kuri González exhortó al Congreso del estado de Tabasco a que dé marcha atrás a la aprobación de las reformas que tienen por objeto reducir las licitaciones públicas y facilitar la asignación directa de contratos de obra pública. Detener ese tipo de reformas a modo, destacó el coordinador del Grupo, Damián Zepeda, es de vital importancia para llevar a cabo un verdadero combate a la corrupción.
Mientras, la senadora Indira Rosales San Román conminó al equipo de transición del Presidente electo a presentar un informe detallado sobre el procedimiento, metodología y costo para llevar a cabo el llamado Censo de Bienestar, que tiene como objetivo identificar a los beneficiarios de programas sociales durante su sexenio. Es motivo de preocupación del GPPAN la opacidad con la que pretende conducirse este proceso que podría dejar en manos de la estructura del partido político del presidente electo las bases para la instrumentación de una política pública.
Por su parte, la senadora Minerva Hernández Ramos presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado evaluar la conveniencia de celebrar una Convención Nacional Hacendaria, con la finalidad de llevar a cabo una revisión del Sistema Nacional de las Haciendas Públicas.
En su turno, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó una proposición, con el fin de pedir al gobierno de Chiapas aclarar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el ejercicio de las participaciones federales de la cuenta pública 2016, utilizadas en el programa “Bienestar, de corazón a corazón”. Dijo que en dicho programa, dirigido a madres solteras, se presume un probable daño a la hacienda pública por 685 millones de pesos.
La legisladora Martha Cecilia Márquez Alvarado hizo un llamado a los gobiernos de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, para que acaten la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial referente a la inclusión de sus municipios, respecto de la Denominación de Origen Mezcal, pues con ésta no se originan de ninguna manera actos de competencia desleal, “como se ha venido planteando”.
A su vez, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros llamó a los titulares del Poder Ejecutivo federal y locales para que, en coordinación con la con la Comisión Nacional Contra las Adicciones, implementen de manera urgente las medidas necesarias para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad.
Durante la discusión de un punto de acuerdo para exhortar al comisionado de seguridad de la Comisión Nacional de Seguridad, a brindar protección y acompañamiento inmediato a la presidenta municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato, así como a todas las personas que integran el cabildo de este ayuntamiento, el senador José Erandi Bermúdez Méndez condenó cualquier tipo de violencia en todo el país y pidió al Ejecutivo federal actuar de manera inmediata en asuntos del fuero federal y no delegar a la autoridad local sus responsabilidades.
Asimismo, esta semana se desarrollaron comparecencias en materia de política exterior y económica, en el marco del Análisis del VI Informe de Gobierno.
Durante la comparecencia de Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge reprobó, en nombre de los senadores de Acción Nacional, «que no se haya incluido el tema migratorio y el respeto a los derechos de los mexicanos en Estados Unidos durante la negociación del acuerdo comercial.
Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez cuestionó a Videgaray Caso sobre las formas diplomáticas con las que el gobierno comunicó a los mexicanos los resultados del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Durante la comparecencia del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el senador Gustavo Madero Muñoz afirmó que un significativo volumen de mexicanos desconfía de los resultados y cifras alegres que tanto se les presume, porque no encuentran reflejado en su vida diaria algún beneficio.
Al presentar el posicionamiento del PAN, el senador Víctor Fuentes Solís manifestó que el modelo económico del actual gobierno federal no contribuyó en lo más mínimo a la justa a distribución de la riqueza y por el contrario, convirtió a México en uno de los países con brechas de desigualdad más amplias.
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Boletín 115