- Propone castigos de 5 a 15 años de prisión y multas por hasta mil Unidades de Medida y Actualización y hasta un tercio más si es cometido por servidores públicos electos
Con el propósito de combatir la corrupción y la impunidad, el legislador Julen Rementería Del Puerto propuso reformar el Código Penal Federal, para tipificar como grave el delito de “simulación de reintegro de recursos” cometido por servidores públicos.
La simulación de reintegro de recursos consiste en que, posterior a que la ASF hace diversas observaciones a los gobiernos estatales, referentes a los recursos que fueron utilizados sin justificación alguna para fines distintos a los establecidos por la ley, los gobiernos locales reintegran las cantidades observadas por la Auditoría.
Sin embargo, una vez que la ASF determinó como solventada la observación, los gobiernos retiran nuevamente dichos recursos, destinándolos a un uso que en muchos casos se desconoce.
Al fundamentar su iniciativa en la tribuna del Senado, el legislador expuso que por la comisión de ese delito “se impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización”.
Además, las penas se “podrán aumentar hasta por un tercio, cuando dicha conducta sea cometida por un servidor público electo popularmente”, dijo Rementería Del Puerto.
Además, los servidores que cometan el ilícito estarán impedidos para “desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, tomando en consideración el monto de la simulación ocurrida, al servidor o ex servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias” para ese fin.
Asimismo, se aplicará a “cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado, y posteriormente los asigne o desvíe (los recursos) nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley”.
El legislador veracruzano afirmó que esta iniciativa complementa a las que ha presentado anteriormente, una para establecer como delito la simulación de reintegro de recursos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la segunda para acabar con los privilegios de preliberacion en los delitos cometidos por actos de corrupción.
“No debe pasar inadvertido que los actos de corrupción no deben ser vistos únicamente como actos cometidos de forma aislada, pues si bien es cierto existen realidades distintas en cada entidad federativa, eventualmente estas podrían llegar a cometerse en el orden de gobierno federal”, concluyó.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictaminación.
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Boletín 100