Intervención de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, al presentar una iniciativa que reforma la fracción VI, Apartado B del artículo 20; que adiciona un segundo párrafo al artículo 21, recorriéndose los subsecuentes, y un inciso c) al artículo 102 de la Constitución, para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Muy buenas tardes.
Con su venia, señor Presidente.
Compañeras senadoras y senadores:
El día de hoy someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, a nombre propio y del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Uno de los principales señalamientos que se ha hecho respecto de nuestro sistema de procuración de justicia, es que la autoridad que resuelve sobre el ejercicio de la acción penal es la misma que coordina la realización de los dictámenes periciales, que se utilizan para demostrar o no la existencia del delito y la probable responsabilidad de quien lo cometió.
En el caso Ayotzinapa, las investigaciones que llevó a cabo el grupo interdisciplinario de expertos independientes y el equipo argentino de antropólogos forenses, arrojaron discrepancias y contradicciones fundamentales con la teoría del caso señalada por la PGR.
Se ha cuestionado reiteradamente que la Procuraduría buscó dar soporte a esta denominada “verdad histórica” a través de los servicios periciales a su cargo, lo que resulta verdaderamente grave, pues es a partir de la emisión de los dictámenes periciales como debe surgir la teoría del caso y no a la inversa.
Lo anterior hace evidente e impostergable la necesidad de contar con servicios periciales forenses autónomos e independientes, rigurosamente capacitados y certificados bajo los más altos estándares internacionales, ya que ello brindará legitimidad y credibilidad a los peritajes emitidos.
En este sentido se pronunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Christof Heyns, en abril de 2014, cuando señaló que debería de crearse una institución nacional de servicios forenses autónoma, con infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros y protocolos aplicables a nivel nacional.
De igual manera, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Zeid Ra’ad al Hussein, en 2016 y lo reiteró en 2018, en el Informe sobre violaciones de los derechos humanos para el caso Ayotzinapa recomendó crear una institución nacional forense que sea autónoma, independiente, con suficientes recursos, que pueda dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo los tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al presentar el informe de la visita in loco realizada entre septiembre y octubre de 2015, evidenció la falta de profesionalización de los funcionarios adscritos a los servicios forenses, por lo que exhortó a crear un Instituto Nacional Forense autónomo, independiente de injerencias políticas y de otra índole y que se rija estrictamente por criterios técnicos y científicos.
Ello también contribuirá a abatir los índices de impunidad, que en nuestro país son alarmantes. Como lo mencionó el alto comisionado de las Naciones Unidas, el señor Zeid Ra’ad al Hussein, que dice que las estadísticas oficiales muestran que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver y que la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados.
Hoy la población desconfía de las policías, del Ministerio Público o fiscal, del juez y hasta de los tribunales.
Los familiares de las personas desaparecidas realizan sus propias investigaciones y se organizan para apoyarse mutuamente, ante la inactividad de las autoridades.
Por eso, y con la finalidad de atender las recomendaciones que han emitido organismos internacionales en materia de derechos humanos, es que hoy propongo la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como un órgano independiente del Ministerio Público federal, que preste servicios periciales y que cuente con autonomía técnica en los asuntos que sean sometidos a su revisión.
Consideramos que esto coadyuvará a tener un mayor grado de imparcialidad y transparencia en los dictámenes periciales; esto va a dar más confianza a los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia y también proporcionará al juzgador los elementos necesarios para resolver con apego a la verdad.
Senadoras, senadores, éstos son algunos de los importantes elementos que contiene esta iniciativa de reforma constitucional, esperando que cuente con la valoración positiva por parte de todos ustedes.
Muchas gracias.
ooOoo