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Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Corrupción y regulaciones financieras

La organización Financial Action Task Force (GAFI) publicó su informe de Evaluación Mutua México 2018. Este organismo se define como: “un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de sus Miembros. Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI es, por lo tanto, un ‘organismo de formulación de políticas’ que trabaja para generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en estas áreas”.

El informe es muy pertinente pues este año es uno de campañas electorales y entre todas está, por supuesto, la joya de la corona: la Presidencia de la República. Creo pertinente tomar en cuenta las recomendaciones de este importante informe de una organización que aglutina a los principales países del mundo. Destaca que en América Latina sólo participan México, Argentina y Brasil. El resto del continente americano no se ajusta a los rigurosos estándares de GAFI, lo cual en sí mismo es un gran tema.

Sobre México destaca que el país es maduro en términos de sus instituciones y marco legal, ya que ha desarrollado una serie de mecanismos que le permiten monitorear los principales riesgos financieros asociados, principalmente, con el lavado de dinero. Las autoridades en los últimos años han perfeccionado las leyes y los controles que facilitan el monitoreo de actividades ilícitas y también han mejorado la coordinación con instituciones del exterior, para fortalecer la capacidad de seguimiento de actividades ilícitas. Las áreas de inteligencia financiera (Hacienda y Banxico) tienen buena capacidad de monitoreo y han mejorado sus prácticas sobre todo con la banca, que en México es el principal agente financiero.

Si bien el país tiene un marco legal bastante avanzado en materia de lavado de dinero y monitoreo de actividades ilícitas, GAFI menciona que hay tres aspectos relevantes que juegan un papel determinante en la inefectividad de algunas de las acciones de las autoridades para prevenir delitos financieros. En primer lugar, la forma con que México aplica las leyes con que cuenta, ya que la identificación y prevención de delitos financieros no son considerados una prioridad en la Procuraduría General de la República. Esto significa que muchos delitos no se persiguen con el rigor debido e incluso se dejan en el olvido, haciendo que la efectividad de las leyes quede en entredicho. En segundo lugar, se percibe una alta corrupción en la aplicación de las leyes existentes pues se instrumentan más con fines de persecución política que como una práctica regular y estándar.

En tercer lugar, las autoridades tienden a ser reactivas y no proactivas. Las autoridades reaccionan y no anticipan, dando lugar a acciones penales tardías e insuficientes.

Destaca principalmente el hecho de que GAFI señala la elevada corrupción que existe a nivel de estados y municipios para identificar y eliminar las prácticas financieras indebidas. En general se percibe un gran esfuerzo de las autoridades federales por cumplir con normas internacionales en materia de lavado de dinero y corrupción, como es el caso de los estándares GAFI, pero deja campo abierto a nivel estatal y municipal. Esta situación hace muy difícil el poder aplicar y reforzar las leyes federales en materia de delitos financieros. La corrupción y los sistemas deficientes de procuración de justicia a nivel estatal y municipal hacen, en muchos casos, casi imposible investigar y perseguir delitos financieros cuyas ramificaciones pueden ser muy importantes al momento en que se inicien las campañas electorales. No sólo se trata de dinero de actividades ilícitas, sino también de dinero lícito en actividades prohibidas, por ejemplo, la triangulación de dinero con fines productivos que terminan en campañas electorales.

Un aspecto destacado del informe GAFI es la ausencia de una política adecuada de confiscación de bienes de procedencia ilícita. Estas acciones, que en otros países han probado su eficacia para reducir la incidencia de delitos, en México es esporádica. En los casos en donde hay sospechas fundadas de recursos de procedencia ilegal, las autoridades, sobre todo estatales, hacen poco por confiscar y retener esos recursos hasta su plena identificación. Por esta razón de las 40 recomendaciones que hace GAFI para prevenir delitos financieros, México sólo cumple con 5.

Lo anterior es muy relevante: vamos a iniciar un año de intensa actividad política y donde todo indica que el uso del dinero puede ser una palanca significativa para la orientación de votos a favor de quien pague. Esta actividad que, por supuesto es ilícita, se podría evitar de cumplir con rigor los compromisos financieros que México ha suscrito con diversos organismos, uno de ellos GAFI. Si sólo cumplimos 5 de 40 recomendaciones de GAFI, vale muchísimo la pena hacer hincapié desde ahora en que se haga todo lo necesario para evitar que el dinero, y no la voluntad popular, sea el que gane las elecciones este año.

Nos leemos la próxima semana.
¡Muchas gracias!

Publicado por El Zócalo de Saltillo, 09 de enero de 2018