Necesario, fortalecer las atribuciones del IFT para supervisar contenidos y proteger a las audiencias: senadora Martínez Elizondo

sylvia martinez

13 de septiembre de 2017.- La senadora panista Sylvia Martínez Elizondo dio a conocer que presentará ante el pleno de la Cámara alta una iniciativa de ley para fortalecer las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de supervisión de los contenidos de medios audiovisuales y sus funciones respecto a las Defensorías de las Audiencias.

Al participar en el foro “Garantía y Protección de los derechos de las audiencias. Reflexiones en torno a la minuta de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, la legisladora panista subrayó la necesidad de contar con un órgano regulador fuerte y autónomo.

“Requerimos y exigimos un IFT autónomo que pueda verificar el ejercicio de los concesionarios de la radio y la televisión, para que los contenidos respeten los derechos humanos bajo principios de igualdad y no discriminación”, consideró.

En ese sentido, la senadora por el estado de Chihuahua alertó que “disminuir las capacidades normativas para la supervisión de los contenidos audiovisuales, como pretenden en su minuta los diputados, no parece el camino más adecuado para fomentar el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información, a los que se refieren los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por el contrario, de acuerdo con el espíritu que impulsó la reforma constitucional de junio de 2013, “deben reforzarse las atribuciones que al respecto se le otorgaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones, evitando las intromisiones indebidas que le fueron asignadas a la Secretaría de Gobernación, por lo que la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que presentaré centra su finalidad en promover un ejercicio pleno de las facultades de supervisión que le asisten al IFT en esta materia”, consideró.

En el foro también participaron Gabriela Delgado, directora de Comunicación. A favor de lo mejor, y Felipe López Veneroni, defensor de las audiencias de Canal 11, quienes coincidieron con la senadora de Acción Nacional en fortalecer los derechos de los radioescuchas y televidentes, y se congratularon por la iniciativa que dio a conocer la senadora Martínez Elizondo.

 

ooOoo

 

(Se anexa versión)

13 de septiembre de 2017

Versión de la participación de la senadora Sylvia Martínez Elizondo en el foro “Garantía y Protección de los derechos de las audiencias. Reflexiones en torno a la minuta de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”

Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan.

Y agradezco la invitación realizada por nuestra moderadora, la Maestra Adriana Solórzano, para participar en este tan relevante y necesario espacio de opinión.

Yo quiero comentarles que siempre he luchado en este sentido, aunque de otra manera. Siempre me ha preocupado lo que recibían mis hijos y lo que reciben ahora mis nietos de información en la televisión y en todos lados.

Pero ahora quiero leer para no equivocarme en decir. Entonces, es una lectura lo que voy a hacer.

Me complazco mucho porque en primer lugar ha sido muy enriquecedor escuchar por la mañana a mujeres y hombres tan lúcidos en el tema.

En segundo lugar, porque me dan la oportunidad de participar en esta mesa con panelistas tan distinguidos, dotados de conocimientos y de experiencias muy valiosas para contribuir a este debate de ideas que nos permita garantizar verdaderamente, desde la propia Ley, todos los derechos ciudadanos que hoy se encuentran amenazados por intereses particulares.

Debo decirles que en este Senado, mi participación como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía tiene como antecedente la destacada participación de Javier Corral en esta instancia legislativa.

El ahora gobernador de Chihuahua tiene una marca destacada en su carrera legislativa como impulsor de la democratización de los medios de comunicación en nuestro país, una lucha de más de 20 años hasta que se logró aprobar la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como su ley secundaria.

Si bien esta reforma tiene aciertos que permitieron revolucionar la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión, su acierto más relevante fue establecer la regulación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.

La legislación también dejó varios asuntos pendientes que el propio Javier Corral me pidió encarecidamente no descuidar en mi quehacer legislativo, es por ello que hoy refrendo ese compromiso y me comprometo a trabajar para no mermar los derechos que se han conseguido a través de estas modificaciones constitucionales.

A tres años de la publicación de la ley convergente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sostengo que no estaría en contra de los cambios a la ley, siempre y cuando esto no impliquen retrocesos o violaciones a los derechos de las audiencias y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

La intención de la Cámara de Diputados con nuevas disposiciones a incorporarse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es otra que mantener a las audiencias como consumidores antes que como sujetos de derechos.

Permitir la autorregulación de los concesionarios de la radio y la televisión tendrá repercusiones en la calidad de la información a la que tienen derecho las y los mexicanos, como también la forma engañosa que se ha utilizado para contraponer los derechos de las audiencias con la libertad de expresión, como si la primacía de una sobre otra fuera la solución para evitar que los concesionarios sean regulados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Es muy preocupante que desde la Cámara de Diputados se legisle en contra del interés público, pues es un indicador importante del grado de intervención pernicioso que factores reales de poder imprimen en algunos legisladores, lo cual demuestra la falta de ciudadanización de nuestra democracia.

Sin una ciudadanía que tenga los canales institucionales para poder ejercer su conciencia crítica, estamos retrocediendo en el ideal democrático de construir una sociedad mejor a partir de valores como el respeto, justicia, tolerancia, legalidad, equidad, pluralidad.

Y no suficiente con ello, ya en el Senado, la Mesa Directiva, que estaba a cargo del Partido Verde, omitió reservar un turno de la minuta enviada por los Diputados para la Comisión de RTC, que solamente se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, yerro que se está pidiendo que se corrija por ser de interés para esta Comisión dictaminar los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este momento, la discusión y aprobación no pasaría por la Comisión especializada.

La semana pasada, el senador Zoé Robledo envió un oficio al presidente del Senado para solicitar la ampliación de turno, pero a esta hora no se ha dado respuesta a esta petición.

Confío en que la Mesa Directiva otorgue esta ampliación al menos para que participemos, ya que no nos dieron la oportunidad de ser los responsables del proceso de dictaminación.

De cualquier manera, asumiendo una actitud propositiva que amplíe los parámetros y los alcances de la normatividad vigente, les quiero compartir que presentaré en los próximos días una iniciativa que fortalece las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de supervisión de los contenidos y por lo que respecta a la autoridad investigadora.

En consecuencia, no sólo se vería reflejada una fortaleza en el ejercicio de las funciones sino también en las Defensorías de las Audiencias.

Requerimos y exigimos un IFT autónomo que pueda verificar el ejercicio de los concesionarios de la radio y la televisión para que los contenidos respeten los derechos humanos bajo principios de igualdad y no discriminación.

Además, y muy importante para los concesionarios, que respeten el interés superior de la niñez, el derecho a la protección de la salud y a una alimentación nutritiva y de calidad, y sobre todo, el derecho a tener información plural y oportuna.

En este panorama que hoy enfrentamos no se ha puesto énfasis suficiente a la figura de la Defensoría de las Audiencias, mujeres y hombres nombrados por los concesionarios de radiodifusión para ser el vínculo con las audiencias y dar seguimiento a las sugerencias, observaciones y quejas cuando haya lugar a afectaciones a sus derechos.

Disminuir las capacidades normativas para la supervisión de los contenidos audiovisuales, como pretenden en su minuta los Diputados, no parece el camino más adecuado para fomentar el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información a que se refieren los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por el contrario, conforme al espíritu que impulsó la reforma constitucional de junio de 2013, deben reforzarse las atribuciones que al respecto se le otorgaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones, evitando en todo caso las intromisiones indebidas que a la fecha le fueron asignadas a la Secretaría de Gobernación, por lo que la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que presentaré centra su finalidad en promover un ejercicio pleno de las facultades de supervisión que le asisten al IFT en esta materia.

No debemos perder de vista que para el ejercicio del derecho a la información, en su doble vertiente: individual y social, el papel que desempeñan los defensores de las audiencias se convierten en un pilar.

Ya decía Beatriz Solís como Defensora de las Audiencias de Radio Educación: que estos derechos y las correlativas obligaciones para los concesionarios no pueden presentarse ambiguos en su materialización.

Tampoco debemos dejar sólo en los códigos de ética y, en consecuencia, en la voluntad de los concesionarios su garantía, defensa y promoción. Mucho menos, aprobar unas reglas que permitan que se nombre a personas que no superen el test del conflicto de interés y estén ligadas con el concesionario.

Éstas son tareas que hay que emprender en el mediano plazo, pero lo que es urgente en este momento es hacer un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que exija a todos los concesionarios regulados por la ley ad hoc a que ya se tenga el defensor de las audiencias y que se cumpla en todos los términos con lo dispuesto en la ley actualmente vigente.

También a que se apersone ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que defienda con argumentos basados en los principios fundamentales asumidos constitucionalmente por el Estado mexicano, los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias controvertidos por el senador Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México.

El reto que hoy me ocupa, y seguramente a varios de mis compañeras y compañeros en este recinto, es que no se aprueben, particularmente por lo que respecta a las defensorías, las reformas a los artículos 259, 260 y 261 de la minuta de los Diputados.

En las minucias, por insignificantes que parecen, se modifica el rol que deben desempeñar las defensorías y se les acota a conformarse como una mera oficina de trámite subordinada y dependiente de las decisiones que asuma el concesionario.

Es preocupante que en México vayamos a contrasentido de las recomendaciones que a nivel internacional se están presentando en la materia. No debemos perder de vista que hoy las audiencias se enfrentan a fenómenos como la desinformación, la propaganda y las fake news.

Ante este fenómeno, les traigo a cuenta que el pasado 3 de marzo el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con el relator de las Naciones Unidas para Libertad de Opinión y de Expresión, la representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y la relatora de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos suscribieron la Declaración Conjunta que aborda el fenómeno de la desinformación, propaganda y las llamadas fake news.

Esto, ante la preocupación de que estos fenómenos afectan intensamente a la democracia, interfieren con el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo, y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad. Pero también pueden utilizarse como una excusa para censurar a la prensa independiente y suprimir el disenso.

Por ello, frente a la realidad, las defensorías de las audiencias tienen un gran reto que deben asumir proactivamente; sin embargo, debemos darles un marco regulatorio favorable o al menos no modificar el que actualmente se tiene para una defensa efectiva que favorezca el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.

Finalmente, hago votos para que los defensores de las audiencias organizados en la AMDA también realicen esfuerzos que lleven a la defensa de los derechos de sus integrantes, que se sumen a las exigencias de que su autonomía, independencia e imparcialidad no se vean mermadas por ninguna norma legislativa o administrativa.

Agradezco mucho su atención y estoy abierta para los comentarios que se realicen.

Muchísimas gracias.

ooOoo

Sin comentarios aún.

Deja un comentario

Mensaje