Exige Salazar Fernández que Gobierno y Procuraduría de Coahuila cesen el uso político de la justicia en contra de ciudadanos

Sen Luis Fernando Salazar

16 de agosto de 2017.- El senador panista Luis Fernando Salazar Fernández pidió a la Comisión Permanente hacer un llamado al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que cese el hostigamiento, la intimidación y persecución política en contra de ciudadanos coahuilenses, mediante el uso arbitrario de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del estado.

En un punto de acuerdo registrado en la sesión de la Comisión Permanente, el legislador de Acción Nacional expuso que el pasado 11 y 12 de agosto tres domicilios fueron cateados por elementos de la Procuraduría de Coahuila, de los que sustrajeron de forma ilegal algunos artículos sin importancia.

Sin embargo, señaló, lo que el gobierno de Rubén Moreira pretende con estas acciones es sembrar evidencias falsas, con el fin de acreditar una supuesta compra de votos con recursos de procedencia ilícita, ante el temor que hoy representa la inminente anulación del proceso electoral del pasado 4 de junio.

Además, dijo, la Procuraduría Estatal, a cargo de uno de los más allegados a los hermanos Moreira, emitió un comunicado tras dichos cateos, con señalamientos absolutamente falsos, “en una clara violación a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia”.

El senador panista señaló además que estas acciones violentas y desesperadas por parte del PRI-gobierno se suman a otros actos ilegales, como la urgencia por iniciar el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal, con el fin de transferir información fundamental sobre el estado financiero, patrimonial, económico y administrativo que guarda la actual administración, a pesar de no existir una resolución definitiva por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a los recursos presentados para la anulación de la elección.

“En un momento en el que el sistema de procuración e impartición de justicia de nuestro país se encuentra profundamente cuestionado por la ciudadanía, resulta alarmante que persista la subordinación y la respuesta de procuradurías locales a intereses políticos y a la voluntad de algunos titulares del Poder Ejecutivo estatal”, lamentó el senador.

Salazar Fernández también solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inicie una investigación por las probables violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las diligencias de cateo por parte de la PGJE, así como por las irregularidades en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con estos hechos.

Los resolutivos propuestos en el punto de acuerdo son:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, a que cese el hostigamiento, la intimidación y persecución política en contra de ciudadanos coahuilenses, mediante el uso arbitrario de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del estado.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que inicie una investigación por las probables violaciones a derechos humanos, cometidas en el marco de las diligencias de cateo llevadas a cabo los días once y doce de agosto de dos mil diecisiete por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE), así como por las irregularidades en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con estos hechos.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ejercicio de sus atribuciones, solicite a las autoridades competentes se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos coahuilenses, mediante el uso de la fuerza pública y las instituciones de procuración de justicia del estado.

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