Senadora Martha Elena García Gómez, al presentar dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

Senadora Martha Elena García Gómez

16 de febrero de 2017.- Intervención de la senadora Martha Elena García Gómez, al presentar dos dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia: uno, que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños huérfanos producto de la masacre suscitada el 18 de maro de 2011, en el municipio de Allende, en Coahuila; y otro, que pide a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades federativas del país informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades.

Con su venia, señora Presidenta.
A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar este dictamen en sentido positivo correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños huérfanos producto de la masacre suscitada en Allende, Coahuila, en marzo de 2011.
Esta comisión dictaminadora comparte los juicios emitidos por la proponente, cuando asevera que para hacer frente a la problemática que significa la niñez y adolescencia huérfana se hace necesario que el Gobierno federal promueva acciones de protección y atención para todos ellos mediante ayuda psicológica, acceso a la salud, garantizar la entrada y permanencia a la educación en todos los niveles, apoyos económicos y demás acciones que garanticen sus derechos.
De manera específica, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el Capítulo Octavo, del Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, la manera en que deberán ser atendidas la niñez y la adolescencia víctimas de delitos.
En ese orden, a nivel local se asevera en documentos oficiales, que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila (CEEAV) ha admitido que lo sucedido en Allende en 2011 es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el estado de Coahuila”, reconociendo la responsabilidad de reparar integralmente a las víctimas e indica que en estos casos “el manejo, tratamiento, publicación y difusión de la información debe darse bajo un enfoque de derechos humanos para evitar tratos crueles”.
Es también, por tanto y con apego a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la medida que contempla la coordinación de dos sistemas nacionales; El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, resulta oportuno y procedente exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas , a efecto de que sea la instancia que se aboque a la atención de las víctimas de la acciones criminales que derivaron en la privación de ascendentes (padres/madres), observando normas y protocolos vigentes.
Finalmente, se subraya que la reforma que sigue su curso legislativo en la Cámara alta busca apuntalar el trabajo de la Comisión Ejecutiva ampliando su rango de injerencia en dos ámbitos concursales: delitos y violaciones en los ámbitos federal y local.
Por lo anterior, esta comisión suscribe cabalmente las propuestas plasmadas en este dictamen, por ello pido su voto a favor.
Es cuanto senadora, Presidenta.
Y respecto, señora Presidenta, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar este dictamen en sentido positivo correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 entidades federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes marca un precedente en el reconocimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Su enfoque garantista trasciende del enfoque proteccionista que se visualizaba para la infancia.
Gracias a esta ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes, que determina la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encarga de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.
Ahora bien, dicha legislación establece en su artículo 127 la conformación del sistema, el cual será presidido por el Presidente de la República. La presencia del titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, la coordinación operativa del sistema está a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordina las acciones entre las dependencias que integran el sistema.
La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la Federación cuenta con una Procuraduría de Protección que se encarga de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales.
Asimismo, a nivel local las entidades federativas y los municipios deberán instalar sus sistemas de protección integral y procuradurías estatales, homologadas a los requerimientos y facultades que se le confirieron al Sistema Nacional de Protección Integral y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En ese sentido, cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en el país y la necesidad de que a la brevedad sean implementadas estas figuras a nivel local las cuales ya han sido instauradas a nivel federal, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia en lo local.
Al respecto, la ley general establece que los sistemas municipales serán presididos por los Presidentes Municipales, y estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de la niñez.
Asimismo se dispone que las leyes de las entidades federativas preverán que las bases generales de la administración pública municipal, dispongan la obligación para los ayuntamientos de contar con un programa de atención y con un área o servidores públicos que fungirán como autoridad de primer contacto con niñas, niños o adolescentes y que serán el enlace con las instancias locales y federales competentes.
Esta comisión dictaminadora tiene conocimiento que hay entidades federativas donde ya han iniciado con los procedimientos y procesos de instalación en sus municipios y que paulatinamente se instalarán en su totalidad. Sin embargo, también existen estados donde no se ha instalado un solo sistema municipal.
En la medida de que los sistemas municipales sean instalados, la coordinación con los sistemas estatales y el nacional será más eficiente. Además, los municipios al tener el primer contacto con las problemáticas de la niñez, deberán considerar la instauración de estos sistemas de protección integral para generar políticas de atención y garantía de sus derechos.
Por lo anterior, esta comisión suscribe cabalmente las propuestas plasmadas en este dictamen, por eso señoras senadoras y senadores, pido su voto a favor.
Muchas gracias, señora Presidenta, y disculpe que me haya dilatado un poquito más pero eran dos puntos de acuerdo.
Gracias.

ooOoo

Sin comentarios aún.

Deja un comentario

Mensaje